Operación contra el fraude fiscal en el sector de la cirugía estética.     

La Agencia Tributaria activa una macrooperación coordinada a nivel nacional contra el fraude fiscal en el sector de la estética.

El resultado de anteriores comprobaciones en centros de estética y dermatología, junto con nueva información recabada han llevado a lanzar una macrooperación que afecta a 90 sociedades y 70 médicos especialistas. La operación, denominada ‘Nassus’.

Más de 440 funcionarios de la Agencia se han personado en 92 locales de las 15 CCAA de régimen común. Cerca de un 40% de los especialistas sujetos a comprobación cuentan con cajas fuertes y se teme que en algunos locales ni siquiera se permita al cliente el pago con tarjeta, como ya se ha detectado en casos anteriores.

Antecedentes

La operación que continuará a lo largo de los próximos meses surge de un análisis pormenorizado de los resultados de una serie de comprobaciones realizadas en los últimos años en distintos puntos del territorio nacional a sociedades y profesionales del sector de la cirugía estética y la dermatología, sumado a la obtención de nueva información sectorial con relevancia tributaria.

El análisis realizado por los investigadores de la Agencia Tributaria puso de manifiesto la existencia de un importante volumen de ocultación de la actividad económica real en las sociedades y especialistas inspeccionados, ocultación que se veía favorecida por el uso de efectivo como principal medio de pago.

En algunos casos, incluso, y a pesar de las elevadas sumas que llegan a abonarse para sufragar las operaciones de cirugía estética, los profesionales ni siquiera admitían el pago con tarjeta bancaria, algo que los investigadores de la Agencia temen que se reproduzca en varios de los locales ahora inspeccionados.

Así, la experiencia acumulada hizo aconsejable la realización de la presente actuación coordinada a nivel nacional, al objeto de acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real existente en las clínicas y consultas médicas, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información.

Efectivo y cajas fuertes

Para la selección de las sociedades y personas físicas objeto de los registros e inspecciones, la Agencia tuvo en consideración una serie de ratios económicas (algunas de las sociedades llegaban a declarar pérdidas en los últimos años, mientras sus socios y administradores –los médicos– mostraban claros signos externos de poder adquisitivo no acordes con esa situación económica de la sociedad).

Al mismo tiempo, para un uso tan extendido del efectivo como medio de cobro, que lógicamente dificulta la trazabilidad de las operaciones, los profesionales contaban con la ventaja de una característica común a la mayoría de sus clientes: son particulares sin derecho a la deducción de gasto alguno por los tratamientos recibidos.

Por la información de la que dispone la Agencia, algunos de los profesionales ahora inspeccionados no hacían ningún cobro con tarjeta: todo era en efectivo o, en menor medida, por transferencia. En otros casos, en cambio, el porcentaje de cobro con tarjeta era especialmente elevado, lo que podría poner de manifiesto la ocultación de parte de los ingresos en efectivo.

De cualquier forma, y con independencia de la distinta proporción de los medios de cobro empleados en cada local, el uso del efectivo entre los inspeccionados está claramente extendido. Muestra de ello es que un 40% aproximadamente de las personas físicas afectadas por la operación cuentan con cajas fuertes de su propiedad.

Efecto disuasorio

Durante las comprobaciones que ahora comienzan, se regularizarán las cuotas tributarias que correspondan, tanto en IVA como en el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, analizando la posible interposición de sociedades en el proceso de facturación de las operaciones, así como las consecuencias fiscales derivadas de ostentar, en su caso artificialmente, la titularidad de activos y patrimonios de uso personal a través de estructuras societarias.

Pero, además de facilitar la detección y regularización del fraude fiscal, operaciones sectoriales coordinadas como la que ahora comienza persiguen adicionalmente dos objetivos de interés para la Agencia Tributaria. Por un lado, contrastar con hechos y pruebas el funcionamiento

del sector, disponiendo de información sobre las ratios económicas reales, la estructura de costes, los medios de cobro, etc; por otro, transmitir un mensaje disuasorio a los colectivos involucrados en estas prácticas, que no solo tienen impacto en las arcas públicas, sino que también distorsionan gravemente la competencia en el propio sector, de manera que se logre reconducir su comportamiento hacia el correcto pago de sus obligaciones tributarias.

Con estos objetivos la Agencia ha desarrollado en los últimos años un total de 17 macrooperaciones sectoriales coordinadas a nivel nacional (sin contabilizar aún la operación Nassus), con más de 1.600 expedientes iniciados, de los cuales se han finalizado ya más de 1.100, con un importe total liquidado de 258 millones de euros. La Agencia prevé hacer un seguimiento del comportamiento de estos contribuyentes en los años posteriores a las inspecciones.

Toda la información ha sido extraída de la Agencia Tributaria