La Agencia Tributaria pondrá la lupa en criptomonedas y residencias ficticias en el extranjero

Fuente: Expansión

Uno de los focos recurrentes de actuación por parte de la Agencia Tributaria en los últimos años es el control estrecho de los grandes patrimonios, objetivo para el cual se creó una Oficina especial y se han desarrollado “herramientas informáticas específicas” que ayudan a calibrar el tamaño real de la fortuna de estos contribuyentes, “sus flujos globales de renta y sus relaciones familiares, económicas y societarias”, así como su lugar efectivo de residencia.

Esta actividad, revela el Fisco, ha permitido detectar “la existencia de conductas extremadamente lesivas para los intereses de la Hacienda Pública, relacionadas con la simulación de la residencia fiscal fuera del territorio español, especialmente en casos de personas físicas, con la principal finalidad de obtener una tributación efectiva inferior a la debida”. En este terreno los ejemplos más comunes, por su cercanía, son los de españoles que declaran residir en Portugal o Andorra, como varios célebres youtubers, para aprovechar la menor presión fiscal de estos países.

El problema se da cuando en realidad pasan más de la mitad del año en España, donde tienen sus lazos económicos y sociales reales. El plan anual de la Agencia Tributaria prevé ahondar en este tipo de pesquisas para detectar y denunciar la existencia de falsas residencias fiscales.

Una práctica que la inspección viene desarrollando en paralelo al control de los cambios ficticios de domicilio entre comunidades autónomas para aprovechar también las rebajas fiscales de ciertos territorios.

La Agencia Tributaria avanza que seguirá vigilando la tenencia de cuentas bancarias en el extranjero, a la par que “potencia” el control sobre la compra de “monedas virtuales y criptoactivos” y de la operativa digital, en general. “Durante el año 2021, se ha incrementado de forma exponencial la inversión en monedas virtuales, con los riesgos fiscales que estas operaciones conllevan”, advierte Hacienda, que trabaja en fomentar el cumplimento voluntario de las obligaciones tributarias asociadas a estas compraventas, remitiendo avisos a los contribuyentes con obligación de declararlas. De otra parte, Hacienda avanza que usará parte de los fondos europeos para ayudar a las empresas a sustituir los programas de contabilidad que permiten registros en B, declarados ilegales, por otros admitidos.