El gobierno planea una serie de ayudas para autónomos y pequeñas y medianas empresas con el fin de mantener a flote los negocios viables, por lo que está negociando con la banca y con Bruselas la forma para hacer llegar esos fondos a sus destinatarios, empresas que registraron resultados positivos durante 2019. Estas medidas están destinadas a paliar los problemas de sobreendeudamiento de las empresas debido a las consecuencias económicas de la pandemia, no de liquidez.
Dichas ayudas, que oscilan entre el 70% y el 75% de la facturación de la empresa durante el 2019, deben ser avaladas primero por la Comisión Europea, por lo que la norma española deberá adaptarse legalmente para acceder las subvenciones que brinda la UE.
Las inyecciones económicas podrían realizarse a través de cheques a fondo perdido o de un fondo público con créditos participativos, incluso ambas vías. El sector financiero será el canalizador de estas inyecciones en forma de capital para que así las empresas puedan acudir a las entidades y disponer de los fondos procedentes del gobierno, que serán adelantados por los bancos. De esta manera las empresas podrán acceder al capital esperar a que el gobierno reciba los fondos de la Unión Europea, que después serán retornados a las entidades vía directa o a través de exenciones fiscales.
El sector financiero está particularmente interesado en ayudar a las empresas con dificultades económicas, ya que necesitan evitar una posible avalancha de impagos e incumplimiento de compromisos financieros. Es por ello que están estudiando junto al Gobierno la forma de cofinanciar proyectos, puesto que uno de los requisitos de los fondos europeos es el de impulsar la digitalización y sostenibilidad de las empresas españolas. Con esta premisa, se piensa que el modelo de los avales ICO es ideal, de manera que el Estado financie una parte de las inversiones para que las empresas puedan hacer frente a la transformación digital y los bancos financien otra parte. Para todo ello será necesario el estudio de cada caso con el fin de asignar los fondos a las empresas con posibilidades de supervivencia, priorizando la viabilidad y minimizando el riesgo, tal y como se ha hecho con los ICO.